Los vecinos de barrio Arsenal que habrían sido inscriptos como villeros en la Nación por el municipio, seguirán sin poder lograr la escritura de su vivienda al planear dilatar el gobierno nacional la puesta en marcha del proyecto que logró media sanción en Diputados. Unas 20 viviendas que no fueron escrituradas en épocas del intendente Alfredo Bría, padre del actual intendente José Bría, tratarían de incluirlas en el Plan Operativo Territorial, pero la situación económica del país los marginaría de esa posibilidad. A fines de la década del setenta, principios del ochenta el gobierno municipal encabezado por Alfredo Bría adjudicó la construcción de viviendas a un grupo de familias en terrenos que se encontraban con sus títulos sin estar saneados y desde hace años adjudicatarios que cuentan con un contrato no pueden lograr se les transfiera la propiedad. Se trata de familias en situación de vulnerabilidad por razones económicas, culturales y socio educativas, por lo que cada vez que realizaron alguna consulta o intentaron generar algún reclamo, fueron de alguna manera siempre calmadas y de esa manera llegaron hasta la actualidad sin realizar ningún tipo de denuncia para lograr que la justicia actúe contra los responsables de la situación.
El actual gobierno municipal por un lado para dar una solución a los vecinos, pero al mismo tiempo para encubrir el uso de un terreno que no se habría concretado de manera legal por razones sucesorias y otras situaciones que debería determinar la justicia, realizó una presentación indicando que Morteros cuenta con un asentamiento informal denominado villa miseria en la Sub secretaria de planificación Territorial de la Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, es decir lo incluyeron en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, y estarían alcanzados por el proyecto de ley que el Gobierno nacional envió al Congreso para la expropiación. La Sub secretaria de planificación Territorial de la Inversión Pública, al presentar en febrero de 2017 el Plan Operativo Territorial – Morteros en función de la información brindada por el municipio y datos estadísticos relevados por la Nación sostiene que es una de las localidades más vulnerables y considera necesario proponer ejes de ordenamiento urbano buscando una sinergia en la obra pública.
Las falencias locales Al listar las prioridades indican la necesidad de intervenir para garantizar aspectos de salubridad y generar un crecimiento urbano planificado y plantean como problemática a resolver el “elevado precio de los terrenos”. Otra de las problemáticas señaladas es la falta de mantenimiento de buenos caminos, considerado fundamental para no “queden aisladas en caso de lluvias u otras inclemencias”. Llama la atención que plantean como matriz económica la turística, y manifiestan que encuentra la dificultad de mantener todo el año los buenos niveles de empleo.
En materia de salud el plan operativo no está dentro de las prioridades de las problemáticas. En cuanto a la situación ambiental menciona a tres problemáticas, tratamientos de los residuos sólidos urbanos; prevención de las inundaciones y reforestaciones. Otro dato llamativo es que en seguridad no es una prioridad la atención al problema de las adicciones, droga, alcoholismo, violencia urbana, familiar y de género. Solo menciona la necesidad de móviles policiales y el aumento de efectivos policiales Al brindar indicadores de la situación actual de Morteros, observan que presenta bajas tasas de mortalidad infantil, desempleo, analfabetismo y calidad de las viviendas mientras que aspectos como la educación superior es una cuestión aún pendiente a resolver, indica en el informe. Respecto a la infraestructura local, la ciudad cuenta con un alto servicio de provisión de agua potable de red (79%) y no así de los servicios de saneamiento y desagües cloacales, mientras que el tendido de electricidad por red presenta aproximadamente un 99% de cobertura. El 49% de la población carece de infraestructura de saneamiento y desagües cloacales en la totalidad de su superficie urbanizada y el 21 % no cuenta con agua potable. Comparaciones El referido informe aporta datos comparativos con otras poblaciones que no presentan villas miserias indicando que en cobertura de agua potable Brinkmann cubre el 96 % de la población, mientras que el 56,4 % carece de cloacas, mientras que Freyre tiene un alto nivel de acceso a los servicios básicos con un 96 % cubierto en agua potable, falta cubrir al 29 % con infraestructura de saneamiento y desagües cloacales, que indica el informe es un déficit universal. Miramar con un bajo nivel de acceso a los servicios básicos el 84 % de la población no tiene acceso a agua potable, el 100 % de la población carece de infraestructura de saneamiento y desagües cloacales, resaltando el informe el déficit de esta población. Concluye manifestando que el Plan operativo Territorial para la localidad de Morteros pone en evidencia puntos claves para el desarrollo de las potencialidades y oportunidades dentro de su propio territorio y en el vínculo con sus vecinos inmediatos. Una ley que no es solución inmediata Para lograr la expropiación masiva de tierras para su posterior escrituración el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Ley en el Congreso de la Nación, expresando en aquel momento la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, “Se trata de una reparación social histórica con las familias más vulnerables. Es un paso transformador para construir ciudadanía y devolver la dignidad a las personas y familias que más sufren”. El referido proyecto acaba de lograr media sanción en la Cámara de Diputados, pasando ahora al senado en la que según trascendió, la orden de presidencia es no frenar el proyecto en Senado pero tampoco acelerar la aplicación de la ley una vez que se apruebe de manera definitiva, por no contar con fondos para su aplicación, por lo que se dice que planean dilatarlo para que no tenga costo fiscal en este mandato. Fuentes del gobierno admiten que el referido proyecto no tiene costo fiscal en el corto y mediano plazo por el engorroso proceso previo de demarcación y categorización de las propiedades, identificación de los propietarios y escrituración de las viviendas, que puede llevar años.