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Procesaron a Pantera, Sayago y Malagueño por la desaparición de Maxi Sosa.

Se trata de Patricia Sayago, su pareja Ariel Malagueño y el recientemente detenido, Pablo Americo Pineda, alias “Pantera”. Todos acusados de entregar al pequeño de tres años a una red de trata de personas.

El juez federal de la ciudad de Rafaela, Miguel Abásolo, procesó a los tres imputados que tiene la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, el niño que desapareció de la casa de su abuela entre el 18 y 21 diciembre del 2015 y que desde entonces nada se sabe sobre su actual paradero.

La reciente medida, que fue resuelta el pasado 22 de octubre, apunta a los ya imputados en el inicio de la investigación -cuando la causa se tramitó en la Justicia provincial-, Patricia Sayago (43) y su pareja Ariel Malagueño (39), y al recientemente detenido por la Policía Federal, el pasado 25 de octubre, Pablo Americo Pinedo (60), alias “Pantera”. Todos procesados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.

En el caso de Sayago y Malagueño, el fallo del juez los declaró “coautores” del delito que se investiga mientras que a “Pantera” el magistrado federal lo colocó como “participe primario” de la desaparición del pequeño. En tanto, la resolución dispuso trabar un embargo de 5 millones de pesos para la abuela del niño y su pareja, mientras que ordenó embargar por 4 millones a los bienes que posee Pineda.

El caso lleva cuatro años tramitándose entre el fuero provincial y federal. Primeramente, la investigación estuvo encabezada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emilce Fisore y agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe. Sin embargo, al sospechar de que existía el delito de trata de personas, la fiscal solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017. A partir de allí, la causa tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela. Un año después, el pasado 16 de julio, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm declaró la incompetencia y el juez Abásolo hizo lugar.

Sin embargo, la declaratoria de incompetencia fue apelada por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, y por tal situación tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Finalmente a principios de septiembre, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y dispuso que continúe la causa en el Juzgado rafaelino. Un mes después, con la llegada del nuevo fiscal federal, Javier Arzubi Calvo, la causa volvió a cobrar impulso y concluyó en el flamante procesamiento que reveló datos espeluznantes sobre porqué podría haber desaparecido Maxi Sosa.

Dinero, trata y un niño que no aparece

En el procesamiento, al que tuvo acceso Aire Digital, el juez federal consideró que se encuentra acreditado que la desaparición de Maxi Sosa se dio entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Para el magistrado, Sayago y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado “El Chalecito”, ubicado en Colonia Montefiore. El mismo vestía la última vez que fue visto una musculosa marca Adidas color gris, y un pantalón tipo bermudas de color negro con rayas gris.

Allí, según determinó la investigación, el menor fue retenido y ocultado por lo menos hasta el 26 de junio del 2016. Luego, creen las pesquisas, el niño fue entregado o “vendido” a una red de trata de personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas.

El grueso de la investigación, que en su mayoría son declaraciones testimoniales, construyó la hipótesis de que a Maxi Sosa lo vendió su abuela con la colaboración tanto de Malagueño como así también de Pineda. Así lo evidenció por ejemplo una declaración que indicó que tras la desaparición del niño, Sayago, le pidió a su hija -la madre de Maxi- la ropa, la cuna, un roperito y hasta el cochecito que usaba el pequeño.

En otro tramo del procesamiento, el juez valoró que tanto la abuela como su pareja tuvieron un crecimiento patrimonial notable en sus bienes tras la desaparición del niño. Es que cuando allanaron la vivienda del paraje “El Chalecito” los investigadores detectaron “artefactos electrónicos y tecnológicos” que antes no poseía la pareja.

En torno a la participación de “Pantera” Pineda -sobre el cual recae un antecedente condenatorio por un homicidio y además fue investigado por trata de personas- en la desaparición del pequeño, el magistrado tomó en cuenta una escucha telefónica crucial en la causa.

Escuchas centrales

Como prueba trascendental la causa cuenta con dos escuchas telefónicas que permitieron sostener que tanto Sayago como el resto de los acusados habrían tenido un grado de conocimiento sobre el posible paradero de Maxi. Una de ellas, fue cuando la mujer dialogó con Malagueño -el 26 de junio del 2016- de manera telefónica y este respondió que “Maxi venía de abajo, que había ido hasta del vasco”.

La otra escucha que contempló el mismo magistrado fue la que comunicación telefónica que tuvieron Sayago y Pineda el 29 de julio del 2016. Dicha conversación se dio justamente cuando la abuela del niño había sido detenida por la Agencia de Trata de Personas y se encontraba alojada en la Alcaldía de la Policía de Rafaela e “incomunicada”.

Aquella llamada fue hacia el teléfono del inmueble “El Chalecito”, el cual se encontraba intervenido por orden de la Justicia provincial. Sayago marcó el número y del otro lado atendió un hombre, el cual entienden varios testigos que declararon en la causa se trataría de “Pantera” Pineda. Para el juez, ambos hablaron de la desaparición del niño.

“Vos pensas que yo nunca mate a nadie? Que nunca mate a nadie” … “vos que te pensás que vale la pena de que te allanen …”, le dijo el hombre a Sayago en esa comunicación que fue interceptada por los investigadores del área de Trata de Personas.

Fuente Aires de Santa Fe

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